- La pobreza y la exclusión social afectan a 12,6 millones de personas en España: la tasa AROPE se mantiene en el 25,7 %, lo que evidencia el estancamiento de los avances en la reducción de la pobreza.
- La infancia, las familias monoparentales, las personas con discapacidad y la población migrante continúan soportando los mayores niveles de vulnerabilidad.
- La vivienda y las insuficiencias del sistema de protección social siguen actuando como factores estructurales que dificultan la reducción de la pobreza y el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
- En Canarias, la tasa AROPE se mantiene en el 31,2%, afectando a más de 700.000 personas. La exclusión social continúa cronificándose en el Archipiélago, que sigue situándose muy por encima de la media estatal.
3 de junio de 2026. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES) ha presentado hoy, en el Congreso de los Diputados, el XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, la principal herramienta de análisis y seguimiento de los indicadores de pobreza, exclusión social y desigualdad en España.
El estudio, elaborado a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, muestra una realidad preocupante: pese al crecimiento económico y a la mejora de los datos de empleo, la pobreza sigue instalada en niveles muy elevados. Las políticas públicas han demostrado que funcionan para contener la pobreza, pero los datos apuntan a que las herramientas actuales han alcanzado un límite y ya no están consiguiendo nuevas reducciones significativas.
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) no ha bajado del 25% en más de una década y se situó en 2025 en el 25,7%. Es decir, 12,6 millones de personas en España, continúan viviendo en una situación de vulnerabilidad económica o social. La estabilidad del indicador se explica por la evolución también estable de sus tres componentes: la tasa de pobreza (19,5%), la carencia material y social severa (8,1%) y la baja intensidad en el empleo (8%). En Canarias, la tasa AROPE permanece estable en el 31,2 %, el mismo valor registrado el año anterior. Esto supone que más de 700.000 personas continúan en riesgo de pobreza o exclusión social en las Islas, una cifra que mantiene al Archipiélago por encima de la media estatal y evidencia la persistencia de una brecha territorial en materia de bienestar social.
La tasa de pobreza se sitúa en el 19,5%, el valor más bajo de la serie histórica, pero todavía afecta a 9,6 millones de personas que viven con ingresos por debajo del umbral de pobreza. Por su parte, la carencia material y social severa se mantiene prácticamente estable en el 8,1%, cerca de 4 millones de personas que no pueden permitirse al menos siete de los trece bienes, servicios o actividades básicas que mide este indicador. Aunque la tasa de pobreza en Canarias desciende hasta el 24,6% y la carencia material y social severa se reduce hasta el 10,8%, estas mejoras no se traducen en una disminución de la exclusión social. La permanencia de la tasa AROPE en el 31,2% confirma que salir de la pobreza sigue siendo extremadamente difícil para una parte importante de la población canaria.
La pobreza severa afecta al 8% de la población en España, lo que supone que 3,9 millones de personas viven con ingresos inferiores a 8.147 euros anuales (679 euros al mes). Aunque este indicador muestra una cierta tendencia de mejora desde 2021, la cifra continúa siendo inaceptable: dos de cada cinco personas en situación de pobreza se encuentran en pobreza severa. En Canarias, la realidad es igualmente preocupante, ya que la tasa de pobreza severa se sitúa también en el 8%, un nivel idéntico al registrado a nivel estatal, lo que pone de manifiesto la persistencia de situaciones de extrema vulnerabilidad para miles de personas en el Archipiélago.
España continúa, además, lejos de los objetivos comprometidos en la Agenda 2030. La tasa AROPE debería haberse reducido hasta el 19,1 % en 2025, pero permanece en el 25,7%. Esto significa que alrededor de 3,2 millones de personas más tendrían que haber salido de la pobreza o la exclusión social para que el país estuviera en la senda prevista.
LA POBREZA NO DISMINUYE, PERO SE HACE MENOS INTENSA
Aunque la extensión de la pobreza apenas cambia, el informe sí muestra una ligera mejora en su intensidad. La pobreza severa afecta al 8,0% de la población, 0,4 puntos menos que el año anterior. Sin embargo, la cifra sigue siendo inaceptable: 3,9 millones de personas viven en pobreza severa, con ingresos inferiores a 680 euros al mes. Dos de cada cinco personas en pobreza en España se encuentran en esta situación.
Como novedad, el informe profundiza en como la acumulación de factores de vulnerabilidad intensifica la pobreza. La pobreza severa se dispara cuando interseccionan diferentes factores de desigualdad estructural, de esta forma, vemos que afecta al 22,3% de las personas que viven en hogares monoparentales, al 15,1% de quienes viven de alquiler a precio de mercado y al 21,7% de las personas extracomunitarias. La situación es especialmente grave cuando se acumulan estos factores: más de la mitad de las personas extracomunitarias que viven en hogares monoparentales, el 53,4%, se encuentra en pobreza severa.
Uno de los indicadores que más preocupa en Canarias es la baja intensidad en el empleo (BITH), que aumenta hasta el 11,6 % de la población en edad laboral, frente al 8,0% registrado a nivel estatal. Este dato evidencia la fragilidad del mercado laboral canario y el peso que continúan teniendo la temporalidad, la parcialidad involuntaria y la inestabilidad de los ingresos
LA VIVIENDA SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS PRINCIPALES MOTORES DE POBREZA
Los datos evidencian una estrecha relación entre el régimen de vivienda y el riesgo de pobreza, por ello el XVI Informe amplía este año el análisis sobre esta temática. En 2025, el 43,6% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5% de quienes viven en propiedad. La tasa de pobreza entre quienes alquilan a precio de mercado alcanza el 32,6%, más del doble que entre quienes tienen vivienda en propiedad, donde se sitúa en el 14,5%. La pobreza severa también casi se triplica entre quienes viven de alquiler a precio de mercado: afecta al 15,1 %, frente al 5,4 % de quienes viven en propiedad.
La desigualdad en el acceso a la vivienda está estrechamente vinculada con la desigualdad de riqueza. En España, el patrimonio se concentra de forma muy intensa en los hogares con más recursos: el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza, mientras que la mitad de los hogares con menos riqueza apenas dispone de una pequeña parte del total. En este contexto, la vivienda funciona como un factor de reproducción de la desigualdad: quienes cuentan con patrimonio tienen más protección frente al mercado, mientras que quienes no lo tienen quedan más expuestos al alquiler y a sus precios crecientes. La escasez de vivienda social agrava esta situación: España cuenta con un parque de vivienda social de apenas el 3,3%, muy por debajo del 9% de media europea, lo que deja a los hogares con menos recursos atrapados en un mercado privado cada vez más inaccesible.
El coste de la vivienda absorbe una parte creciente de los ingresos de los hogares y limita su capacidad para cubrir otras necesidades básicas. De media, las personas en situación de pobreza destinan el 34,2% de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda, porcentaje que supera el 50 % entre quienes viven de alquiler a precio de mercado. Asimismo, la mitad de las personas en pobreza severa soportan una sobrecarga económica en vivienda, al destinar más del 40 % de sus ingresos a este gasto.
La crisis energética ha convertido este gasto en una sobrecarga en el gasto de vivienda. La pobreza energética, agrava esta situación. El 15,9% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. Estas dificultades afectan con especial intensidad a personas en desempleo, hogares en alquiler, población extracomunitaria, jóvenes y hogares con menores. Además, las familias con menos recursos afrontan mayores obstáculos para mejorar la eficiencia energética y conseguir confort térmico en sus viviendas: el 41,5 % de personas en pobreza necesitan acometer mejoras en el aislamiento térmico o en el sistema de calefacción y no las han realizado.
El informe también visibiliza el sinhogarismo oculto y la vivienda insegura. El 7,1% de la población de 16 años o más ha vivido alguna situación de sinhogarismo a lo largo de su vida, lo que equivale a 2,9 millones de personas.
En Canarias, los indicadores relacionados con la vivienda y la seguridad económica continúan reflejando una elevada vulnerabilidad. El 18,8% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno y el 49,8% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Estas dificultades muestran cómo los costes asociados a la vivienda siguen agravando situaciones de pobreza y exclusión social.
LA POBREZA GOLPEA CON MÁS FUERZA A LA INFANCIA, LA POBLACIÓN MIGRANTE Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los datos del informe confirman que la pobreza se concentra con especial intensidad en quienes afrontan más barreras estructurales. Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes, el 33,8%, está en riesgo de pobreza o exclusión social, cerca de 2,7 millones; la tasa de pobreza infantil alcanza el 28,4% y la pobreza severa afecta al 12,5%, frente al 8,0% del conjunto de la población. EAPN-ES subraya que la pobreza infantil es una causa de la pobreza familiar. De hecho, los hogares con hijos, hijas y adolescentes presentan mayores niveles de vulnerabilidad, con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 29,9%, y la situación se agrava especialmente cuando la crianza recae sobre una sola persona adulta. En los hogares monoparentales, una de cada dos personas está en riesgo de pobreza o exclusión social, más de cuatro de cada diez están en pobreza y el 22,3% vive en pobreza severa.
La población migrante, especialmente la extracomunitaria, también presenta niveles muy elevados de pobreza y exclusión: el 53,5% está en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta realidad no se explica por la migración, sino por barreras estructurales como la discriminación, la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y los obstáculos para acceder efectivamente a derechos. En este sentido, EAPN-ES valora positivamente el avance de la regularización extraordinaria de personas migrantes como una medida de ampliación de derechos y lucha contra la pobreza, y pide que su aplicación se realice con garantías para evitar nuevas exclusiones.
Además, las personas con discapacidad siguen en clara desventaja: el 32,2% está en AROPE, el 21,5 % en pobreza y el 13,5% en carencia material y social severa, lo que evidencia la necesidad de apoyos suficientes para vivir con autonomía e igualdad.
EL ESTADO DE BIENESTAR CONTIENE LA DESIGUALDAD, PERO SE NECESITAN NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ROMPER EL SUELO DE LA POBREZA
El informe pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñan las transferencias sociales en la protección de millones de personas frente a la pobreza. En 2025, el conjunto de prestaciones y transferencias públicas evitó que cerca de 11 millones de personas cayeran en situación de pobreza, de las cuales 8,1 millones se beneficiaron de las pensiones de jubilación y supervivencia y otros 2,9 millones gracias al resto de prestaciones sociales.
Sin embargo, el informe también advierte de que el Estado de bienestar español presenta importantes márgenes de mejora. Aunque cada vez más personas acceden a prestaciones de garantía de rentas, la comparación europea muestra los límites del modelo español de protección social. Antes de aplicar transferencias, España parte de niveles de pobreza similares a los de Francia o Irlanda; sin embargo, después de la intervención pública, Irlanda reduce la pobreza hasta el 13,0%, Francia hasta el 16,3% y España solo hasta el 19,5%. Esta menor eficacia es especialmente preocupante en infancia: España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. Las políticas públicas protegen, pero no alcanzan para revertir una situación estructural, por lo que EAPN-ES reclama que la Estrategia Europea contra la Pobreza se traduzca en financiación suficiente, compromisos concretos y políticas más ambiciosas.
EAPN-ES advierte, además, de los riesgos de no consolidar medidas heredadas del escudo social, como la protección frente a desahucios, las garantías frente a la pobreza energética, los descuentos del bono social eléctrico o la contención de los precios del alquiler. También alerta de la cobertura insuficiente de las ayudas a familias y vivienda y de la reducción, en algunos territorios, de las rentas mínimas autonómicas tras la implantación del IMV. Por ello, pide una garantía de rentas para todo el ciclo vital, mejoras en el IMV y su coordinación con las rentas autonómicas, y una protección universal a la infancia.
Desde EAPN Canarias advertimos de que el mantenimiento de la tasa AROPE en niveles tan elevados no puede interpretarse como una buena noticia. Aunque algunos indicadores mejoren, la permanencia de más de 700.000 personas en situación de pobreza o exclusión social evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas dirigidas a garantizar derechos y reducir las desigualdades. La pobreza en Canarias no desaparece: se cronifica. Y cuando la pobreza se cronifica, deja de ser una situación transitoria para convertirse en una injusticia estructural que compromete la cohesión social y el futuro del Archipiélago.