- Con motivo de la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas de Crímenes de Odio, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) pone el foco en la especial vulnerabilidad frente a la violencia que generan la pobreza y la exclusión social.
- España es un país pionero en el reconocimiento legal de la aporofobia. Sin embargo, continúa siendo una problemática muy desconocida y la Unión Europea carece todavía de un marco común para prevenirla, perseguirla y reparar a sus víctimas.
- En este contexto, la Red organiza el 23 y 24 de septiembre en Santiago de Compostela el II Simposio Europeo sobre Aporofobia, en colaboración con EAPN Galicia.
22/07/2026 | EAPN España
El 22 de julio se conmemora el Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio, una fecha que estableció en 2014 el Consejo de Europa ―a instancias del Movimiento contra la Intolerancia―, en recuerdo de la masacre en Oslo y Utoya ocurrida en Noruega en 2011. La jornada tiene como propósito recordar a las víctimas y a promover una respuesta colectiva frente a estas vulneraciones de derechos humanos.
Como ha venido señalando EAPN-ES, la pobreza y la exclusión social constituyen un factor añadido de vulnerabilidad frente a los delitos de odio, aumentando la desprotección y el riesgo a sufrir estas violencias. En este sentido, desde la Red consideran que la jornada conmemorativa supone una oportunidad para mantener viva la memoria de las víctimas y poner el foco en las consecuencias que pueden tener los actos discriminatorios cuando se cruzan con la aporofobia.
De hecho, la situación de pobreza motiva en muchas ocasiones ataques directos sobre las personas afectadas por esta problemática, como sucedió en el terrible asesinato aporófobo de Rosario Endrinal, en 2005. En otros casos, la violencia se ha entrecruzado con discriminaciones como la transfobia o el racismo. Sonia Rescalvo fue asesinada en 1991 por ser una mujer trans mientras dormía en un parque, y Lucrecia Pérez fue asesinada un año después por racismo cuando se encontraba de celebración en un edificio abandonado.
En el momento en que se produjeron estos sucesos, el ordenamiento jurídico español todavía no contaba con las figuras legales ni con los marcos de reconocimiento que hoy permiten identificar y nombrar expresamente estas violencias como delitos de odio por motivos racistas, transfóbicos o aporófobos.
Pese a estos avances pioneros a nivel internacional, desde EAPN-ES insisten en que combatir la aporofobia requiere no solo perseguir y sancionar estas conductas, sino también actuar sobre sus causas estructurales. Erradicar la pobreza, garantizar derechos y reducir las desigualdades son medidas imprescindibles para prevenir la discriminación y defender la dignidad, la igualdad y los derechos de todas las personas.
LEYES Y POLÍTICAS CONTRA LA APOROFOBIA
La segunda década de este siglo comenzó atravesada por la pandemia de COVID-19, una crisis cuyos efectos socioeconómicos se sumaron a las consecuencias aún no superadas de la Gran Recesión, y que se han visto agravados por la actual situación de incertidumbre geopolítica, las guerras en Ucrania y en Irán, y el genocidio en Gaza. Una deriva belicista y antidemocrática que sufre en mayor medida quienes se encuentran en situación de más vulnerable.
De forma paralela, nuestras sociedades están presenciado un auge de incidentes y delitos alimentados por prejuicios y estereotipos ampliamente normalizados, que se fundamentan, en muchas ocasiones, en procesos de desinformación y campañas de criminalización hacia determinados colectivos. Estas expresiones discriminatorias tienen nombre: racismo, xenófobia, machismo, lgtbifobia, antigitanismo, etc., e interseccionan, a su vez, con la aporofobia, agravando su vulnerabilidad.
La legislación española se ha constituido como un referente en la lucha contra la aporofobia, incluyéndose como una tipología de delito de odio en el Código Penal y reconociéndose las discriminaciones que no constituyen delito en la Ley integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación. Sin embargo, nos encontramos ante una problemática muy desconocida para el conjunto de la población y ni siquiera existe un consenso a nivel europeo a la hora de prevenir, perseguir y reparar esta vulneración de derechos.
A esto se suma una respuesta institucional y social ante la pobreza que se centra en criminalizar a quienes la sufren, lo que desplaza el foco de la raíz del problema: un sistema económico, social y cultural injusto y desigual que vulnera los derechos de millones de personas.
No podemos olvidar que, en España, 12,6 millones de personas en España se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según el XVI Informe El Estado de la Pobreza de EAPN-ES. En Canarias, más de 700.000 personas viven en esta situación. Para la red, combatir la aporofobia y otras formas de discriminación requiere actuar también sobre las causas estructurales con políticas públicas y un amplio consenso democrático.
Desde la Red reclaman la aprobación de un marco europeo común que inste a los Estados miembro a reconocer y combatir la aporofobia, y que se aplique también en ámbitos clave como el empleo, la educación, la sanidad o el acceso a bienes y servicios. Esta propuesta debe ir acompañadas por medidas de erradicación de la pobreza, la generación de contranarrativas, y la lucha contra la aporofobia administrativa, contando en su desarrollo con la participación de las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.